Autoridades comunales y dirigentes aborígenes desataron una pelea por el agua que llegó a la Justicia, mientras cientos de vecinos y hasta una escuela se quedaron sin el vital suministro. El delegado comunal Jorge Cruz acusó a la cacica Margarita Mamaní de forzar el acceso a una cisterna, para romper llaves exclusas y desconectar mangueras, lo que afectó a 14 barrios y a la escuela 34.
Esto, según el funcionario, lo hizo para proveer del líquido
a numerosas conexiones clandestinas que ella misma promovió y por cuya
alimentación estaría cobrando un canon arbitrario el ilegal. Aseguró que personas que responden a esa dirigente “ingresaron a las
cisternas que distribuyen agua corriente a Los Pinos, FEIA, 9 de Julio, El
Sauce, Alem, Pantanito, Kiyai, Mirador El Ñuñorco, Cristo Rey, Mula Corral, la
Escuela 38 y Pasaje Chadute, procediendo a romper llaves exclusas,
desconectando las mangueras de distribución comunitaria del agua”.
Añadió que además se realizaron conexiones
clandestinas con el fin de beneficiar a través de cobros arbitrarios a ciertos
y determinados comuneros”. “Estas conductas son reiterativas y con un grado
elevado de agresividad”. “La comuna no permitirá este tipo de atropellos y
menos aún que la señora Mamaní intente apoderarse de servicios públicos como el
de agua potable”.
“Se actuará con todo el rigor de la ley ante
estos abusos cometidos por quienes proceden a causar daños en bienes del
Estado” advirtió. Por su parte, Mamaní negó la acusación y consideró
“lamentable el procedimiento de mala fe por parte de quien es el verdadero
responsable de los cortes del servicio de agua potable en la comunidad con
fines de desprestigiar la lucha por el derecho a evitar el despojo de nuestras
tierras” dijo.
“Ustedes nos cortaron el agua. Pero hay un Dios
justiciero y la Pachamama harán caer estas mentiras maliciosas” sostuvo la
cacica. La comuna denunció a la comunidad originaria por haber usurpado unas
cuatro hectáreas en la que preveía construir una terminal de ómnibus y un
barrio de 30 viviendas.




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