Acusado de haber actuado mal en la causa que terminó con el femicidio de Paola Tacacho, el juez Francisco Pisa quiere apurar su acceso a la jubilación con el 82 por ciento móvil de que gozan los magistrados antes que el juicio político en su contra termine, como se cree, con su destitución.
Para ello, el cuestionado funcionario judicial interpuso un
recurso de amparo en contra de la Administración Federal de la Seguridad Social
(ANSES), para que el organismo le otorgue el beneficio, completando un trámite
que comenzó de forma apresurada tras presentar su renuncia al cargo.
La dimisión, aceptada en forma condicional por el gobernador
Juan Manzur, llevó al juez Pisa a un paso de eludir la sanción impulsada por la
familia de Paola Tacacho, brutalmente asesinada en la calle por Mauricio Parada
Parejas, a quien había denunciado en varias ocasiones por acoso sin obtener
respuestas.
Pero el 26 de agosto se puso en marcha el proceso que
amenaza con dejar al juez sin el ingreso previsional, y que ahora está por
ingresar a la etapa de alegatos, para lo que sólo falta que, esta semana, se
definan las fechas en las que se celebrarán las audiencias públicas.
Esto llevó a los abogados Ernesto Baaclini y Camilo Atim
Antoni, representantes de Pisa, a elevar un escrito en el que argumentan que la
jubilación del magistrado ya había sido reconocida por la ANSES en octubre de
2018 y que los cambios en el régimen jubilatorio para jueces fueron
posteriores.




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