En la jornada del jueves, tras la continuación del escrutinio definitivo de las 203 mesas de San Miguel de Tucumán que faltaban escrutar, se anunció una tendencia irreversible a favor de Rossana Chahla, que en total le sacó una diferencia de más de 4.900 votos a Beatriz Ávila.
Al conocer las cifras y luego de que el organismo electoral rechazara un planteo realizado por Germán Alfaro, de abrir todas las urnas de la Capital, representantes del alfarismo que se encontraban fiscalizando decidieron dejar de participar del escrutinio.
Alfredo Fredy Toscano -legislador electo por un acople de Juntos por el Cambio-, avisó en La Gaceta que iban a "dejar de fiscalizar la elección de la lista 831, en la categoría intendente y gobernador, porque ya no tiene sentido”.
Según argumentó, el lunes habían formalizado un planteo ante el órgano de control de los comicios para proceder "a la apertura de todas las urnas". "Pero la Junta Electoral resolvió que no encontraba entidad suficiente en lo denunciado", indicó el secretario de Obras Públicas del municipio.
Todo esto, agregó, demuestra que hubo "muchas irregularidades en el proceso electoral". "Podían ser subsanadas con los pedidos de las dos candidatas a la Intendencia, pero no entiendo por qué la JEP dijo que esto no era necesario", remarcó el secretario de obras públicas municipal.
Otro de los alfaristas que decidió hablar fue el secretario de Gobierno de la Capital, Rodolfo Ocaranza, que dijo que "es muy llamativo que una Junta Electoral, que maneja una elección dominada por la oscuridad, las irregularidades en la constitución de las mesas, la compra de votos y un escrutinio sospechado por su inexplicable lentitud y la caída de su página en una sola y única categoría, niegue ahora la apertura de las urnas, pedido en el que estamos de acuerdo las fuerzas políticas que estamos disputando la intendencia".
Además, el referente del PJS aseveró que "esta negativa se suma a toda una cadena de oscuridad y falta de transparencia, que le resta legitimidad tanto a la elección como al próximo mandato de las autoridades provinciales que manejan nuestra democracia con semejante desprecio por la transparencia institucional, que es uno de los principales valores que deben demostrar los que nos gobiernan".
"Ante esta situación, no vamos a convalidar con nuestra presencia semejante atropello contra la democracia y retiraremos nuestros fiscales para la categoría intendente y haremos las presentaciones judiciales necesarias para terminar de una vez por todas con estos manejos antidemocráticos que atropellan la voluntad popular por la que seguiremos velando y trabajando hasta desterrar estos manejos espurios (sic) que dañan nuestra democracia", remarcó Ocaranza.
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