Representantes de gremios estatales y ministros tucumanos se reunieron en Casa de Gobierno para encaminar un acuerdo paritario. Se pusieron sobre la mesa las inquietudes del sector: cerrar 2023 en lo económico según el desfasaje con la inflación; ajustar los ingresos de acuerdo a la canasta básica alimentaria (CBA) y encontrar solución a los fondos nacionales que ya no giran hacia las provincias, como el Fondo de Incentivo Docente, Conectividad y la hora extendida.
El ministro de Economía Daniel Abad, su par de Educación Susana Montaldo y Regino Amado, quien está a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia, recibieron a los referentes del sector docente para comenzar a bosquejar un acuerdo salarial que garantice el comienzo del ciclo lectivo 2024, previsto para el 1 de marzo.
El Gobierno provincial enfrenta un doble problema: índices inflacionarios y el retiro del incentivo docente por parte de Nación. El ascenso del IPC (Índice de Precios al Consumidor), sumado a la pérdida en los haberes docentes a través de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), la hora extendida y el ítem “conectividad” trae preocupación al campo educativo y presenta un desafío para el Ejecutivo provincial.
“El quite de los incentivos suprime un 15% de los ingresos; aparte tenemos la pérdida por inflación”, dijo Amado. El ministro también admitió que hay incertidumbre sobre la cuestión impositiva, ya que la poca recaudación -a causa de la inflación y la recesión- presenta un problema paralelo al desfinanciamiento por parte de Nación y agudiza la complejidad en cuanto a la capacidad de pago.
Luis Neira, secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), contó que (en la reunión) los ministros escucharon las propuestas del sector para luego analizarlas y acercar una respuesta durante la próxima semana. “Queremos un aumento del 100% mínimo; el valor de la canasta básica para comenzar a charlar y después seguir negociando”, expresó.
Por su parte, Hugo Brito, secretario general de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), negó los rumores que lo vinculan a un acuerdo preestablecido con el Gobierno sin previa consulta. “Si no lo comunicamos nosotros, tienen que saber que es falso”, enfatizó. Además atacó al Presidente llamándolo “tirano” por quitar los ítems nacionales. “Los $310.000 que cobraba un maestro con el incentivo hoy se desmorona hasta alcanzar los $248.000. (Javier) Milei cree que tiene la suma de los poderes”, reprochó.
En cuanto al inicio de clases, Neira aseguró que es “prematuro” brindar certezas hasta que no haya un panorama más claro. A lo que Brito añadió: “El paro es un último recurso; pero no está descartado”.
Acerca de la hora extendida -otro plus que se costeaba con fondos nacionales-, el referente de la ATEP informó que no es una obligación para los docentes cumplir con ella mientras los alumnos no vayan a clases. Y aseguró que una vez iniciadas las mismas, en caso de no haber fondos para garantizar su pago, se buscará soluciones porque hay voluntad de mantener en vigencia la quinta hora.
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