En sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto de Presupuesto 2025 y la extensión de la emergencia ambiental para el municipio. Estas herramientas posibilitan que la Intendencia cuente con los fondos financieros requeridos para el año próximo sin demoras administrativas, y que continúe el período de alerta sanitaria por cinco años más. Por el mismo plazo se decidió prorrogar el contrato con la empresa 9 de Julio, encargada de la recolección de residuos. Además, mediante decreto se agregó un expediente que establecía el incremento del valor del Urbano, lo cual generó enojos en el recinto por no haber sido “tratado adecuadamente” en comisión.
Los detalles del dictamen de presupuesto fueron expuestos por Emiliano Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital), líder de la comisión de Hacienda, quien puso énfasis en la metodología de trabajo en el cuerpo, las dudas resueltas tras reuniones con funcionarios municipales y la eficiencia del Ejecutivo municipal en la aplicación de las partidas. “La Intendencia hizo un presupuesto acorde, con un poco más del 62% de aumento, dándole crédito al trabajo técnico de la gestión. Tuvimos nuestras diferencias (en el comité), pero siempre en el plano del respeto y en la búsqueda del entendimiento, por lo que logramos llegar a un dictamen por unanimidad”, argumentó. El monto presupuestado para 2025 será de $317.000 millones, distribuyéndose un 93,81% al Ejecutivo municipal y un 6,19% al cuerpo parlamentario.
El apoyo absoluto de los concejales también se alcanzó con el pedido de la Municipalidad de prolongar la emergencia sanitaria y ambiental, que en un principio habría regido hasta enero del año próximo. “Es un tema de suma importancia, y creo que las decisiones políticas que se tomaron en este Concejo fueron fundamentales para abordar esta temática que nos preocupa y que nos debe ocupar de manera muy responsable”, dijo el oficialista Gonzalo Carrillo Leito, encargado de la comisión de Medio Ambiente. Los concejales que hicieron uso de la palabra remarcaron la magnitud del impacto del cambio climático en la sociedad, la dificultad para afrontar los problemas medioambientales y, a su vez, la predisposición que ha demostrado el Ejecutivo municipal en querer revertir esa situación. Consideraron que las alertas que llevaron a la sanción de la ordenanza N° 5.333 siguen estando presentes (por ejemplo, la radicación de basurales a cielo abierto), por lo que se debe dar continuidad al estado de emergencia para así poder llevar adelante políticas públicas ambientales a largo plazo.
De igual manera, se determinó la renovación del contrato con la empresa 9 de Julio antes de su expiración, el próximo 31 de enero. De esta manera, la prestadora de larga trayectoria en el servicio de recolección de residuos en la Capital continuará con sus trabajos por cinco años más, habiendo iniciado en 1991. Si bien la Municipalidad había enviado el pliego al Concejo para que se inicie un nuevo proceso de licitación, no hubo consenso entre los ediles.
En principio, el período condicional de urgencia ambiental y el contrato con la empresa 9 de Julio se harán por cinco años, pero quedarán ligados a una revisión anual que realizará el Concejo para determinar la continuidad de los mismos.
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